Las entidades bancarias en Perú están aplicando severas restricciones ilegales a los migrantes venezolanos que residen en ese país para acceder a su dinero.
Así lo denunció la Organización No Gubernamental (ONG) Unión Venezolana en Perú.
La denuncia publicada en redes sociales por la organización señala que, la limitación que está aplicando los bancos peruanos a los ciudadanos es porque tienen la residencia vencida.
El portal peruano Panamericana TV recoge el testimonio de una venezolana con siete años residenciada en Lima, víctima de esta medida que le impedía acceder a sus ahorros.
“Más de seis meses estuve con mi cuenta bloqueada, cuando ya pude acceder me encuentro que tenía 1.500 soles y me cargaron 2.700 soles porque Migración obliga a pagar 46 soles (11,5 dólares) por cada día transcurrido a partir de la fecha de vencimiento del documento”.
“Es un acto muy inhumano e injusto lo que están haciendo con nosotros los venezolanos desde hace varios meses”, dijo la afectada.
Residencia vencida
Por otro lado, Óscar Pérez, presidente de la ONG reveló que existen unos 94.000 ciudadanos venezolanos que tienen su residencia vencida.
Indicó que el escenario incluso pudiera hacer aún más grave porque un gran número de migrantes pudiera perder sus empleos en tierras peruanas.
Oscar Pérez dijo que unos 94 mil venezolanos tienen la residencia vencida.
“Son decisiones unilaterales que han adoptado las entidades bancarias, que han decidido, sin ningún tipo de disposición legal retener el dinero de las personas”, dijo a Panamericana TV.
También explicó que la situación se generó por creer que la fecha que estaba al reverso del carnet de extranjería que es de cuatro años, era la fecha de vencimiento de la residencia, la cual es anual.
En promedio, un venezolano en Perú puede tener ingresos por el orden de los 35 soles diarios uno 9,11 dólares. Señaló que conoce casos de personas que deben hasta 20.000 soles, por esa situación duda que puedan lograr solucionarlo.
Imposición de multas
Pérez advirtió que la obligación de las multas diarias a los extranjeros, incluyendo a venezolanos que no han podido tramitar su residencia representa una clara evidencia de la violación a los derechos humanos.
Instó a las autoridades de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP atender esta situación irregular que vienen aplicando la banca peruana.
La organización que representa Pérez presentó un escrito respaldado con 5.000 firmas de los afectados y consignado en el despacho del Ministerio del Interior.
La ONG entregó también una comunicación a la defensora del pueblo, Eliana Revolla, y a otras autoridades con el fin es evitar el pago de las multas o por lo menos realizar pagos fraccionados de estas multas.
